La Jornada 13 de Septiembre de 2007.
Editorial
Asonada empresarial contra el Senado
Como si no hubiera sido bastante y excesivo el rosario de chantajes y distorsiones exhibidos el martes en cadena nacional, los propietarios de los grandes consorcios de medios electrónicos abusaron ayer nuevamente de las concesiones del espectro radioeléctrico que detentan y exigieron, una vez más en transmisión encadenada, que el Senado de la República no aprobara el proyecto de reforma electoral al que llegó por consenso. Los concesionarios televisivos y radiales, respaldados en esta ocasión por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), esgrimieron la libertad de expresión para realizar una defensa altisonante y mentirosa de sus negocios; una vez más, los representantes históricos de la censura, la desinformación y la exclusión se ostentaron como demócratas y pluralistas.
Para ponderar el grado de incongruencia del discurso empresarial, basta con recuperar las palabras del titular del CCE, Armando Paredes Arroyo, quien llamó a defender “avances que tanto costó construir como la libertad de expresión”, declaración que sería risible si no fuera grotesca, habida cuenta de que los avances a los que hace referencia se han conseguido a contrapelo de intereses políticos, económicos y corporativos como los que representa el CCE. En ese sentido, también es deplorable que Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Concamin, afirme que el Poder Legislativo “está tomando al país en rehén”, toda vez que son los concesionarios televisivos y parte de los radiales quienes, por décadas, han mantenido secuestrada a la libre expresión y han cancelado sistemáticamente el derecho a la información de los ciudadanos.
Pero, más allá de los argumentos falaces que presentaron, los dueños del dinero dieron ayer un paso más en su afán por subvertir el orden institucional del país: reiteraron su rechazo a la remoción de Luis Carlos Ugalde y el resto de los consejeros electorales, condición fundamental para la limpia del Instituto Federal Electoral (IFE), y llamaron a poner en manos de ese organismo desprestigiado e insostenible la realización de un “referéndum por la libertad”, con el argumento inverosímil de poner al tanto a la sociedad de las modificaciones constitucionales que contempla la reforma electoral en ciernes, pero con la intención de fondo de echar abajo cambios legales que les significan la pérdida del jugosísimo negocio de la propaganda electoral.
La exigencia de esa consulta pública sin sustento legal alguno es, en los hechos, la convocatoria a una asonada contra la soberanía del Poder Legislativo. Para colmo, la campaña empresarial de desprestigio, presión y desconocimiento de las facultades y atribuciones del Senado se lleva cabo mediante el empleo indebido y faccioso de la banda de radiofrecuencias que, cabe recordarlo, es un bien del dominio público. Es intolerable que los concesionarios utilicen una extensión del territorio nacional como lo es el espacio radioeléctrico para llamar a la alteración del orden institucional y a pasar por encima de las vías estipuladas en la legislación mexicana para impugnar los actos de la autoridad.
Cuando en diciembre de 2002 los propietarios de Tv Azteca se apoderaron por la fuerza, al margen de las disposiciones judiciales, y con el auxilio de pistoleros a sueldo, de un transmisor del Canal 40 ubicado en el cerro del Chiquihuite, el gobierno de Vicente Fox no sólo toleró tal situación de facto, sino que además eludió toda responsabilidad de su parte para resolverla. Cabe esperar que la actual administración no retome ahora aquel célebre y exasperante “¿Y yo, por qué?” pronunciado por el ex mandatario cuando se le preguntó si intervendría para corregir la arbitrariedad.
En otros términos, resulta inadmisible el silencio y la inacción del Ejecutivo federal frente a las intentonas empresariales contra el Senado de la República. En la circunstancia actual cabe esperar que los tres poderes de la Unión defiendan la legalidad y el orden institucional. Es el momento adecuado para demostrar de manera fehaciente que la institucionalidad política no ha sido comprada, ni sometida, ni secuestrada, por el poder del dinero.
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